Piangella Obrador Moreno, periodista.

A sólo dos días de vivir un proceso histórico, las y los chilenos, por primera vez en los más de 200 años de historia del país, participaremos en un plebiscito constitucional. Como ciudadanos acudiremos a las urnas a aprobar o rechazar una nueva constitución, además de definir el órgano encargado de dicha tarea en caso de ganar la primera opción: Convención Constitucional o Convención Mixta Constitucional. El evento democrático es esperado hace meses, siendo una jornada única en la que no debemos restarnos, ya que pueden nacer grandes cambios.

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Con el actual proceso constituyente, el cual emerge luego de las manifestaciones del 18 de octubre de 2019 y los meses posteriores que marcan el hito nacional que desemboca en el acuerdo por la paz y la nueva constitución, nos encontramos con una oportunidad inédita y única para plasmar la igualdad de género en la constitución y lograr la participación de grupos de personas que históricamente han quedado fuera de las discusiones ciudadanas, como las mujeres y personas LGBTI.

La actual constitución indica: "las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos" y que "hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias". Sin embargo, esta declaración en la Carta Magna no es suficiente para asegurar una igualdad real.

La discriminación contra las mujeres y las personas de la diversidad sexual es sistémica, estructural y se hace visible tanto en la legalidad como en la cotidianeidad, muy por el contrario a los tratados internacionales que Chile ha firmado en este aspecto.

Si observamos el rol de las mujeres actual, podemos apreciar inequidades, segregación, menor acceso a participar en puestos de poder y en la toma de decisiones que los hombres. A ello se suma un inferior reconocimiento a sus aportes a la ciencia y cultura.

DISCRIMINACIÓN SISTEMÁTICA

Existe una discriminación sistemática hacia las mujeres, vivenciada en los espacios recorridos y en diferentes áreas, encontrándose presentes patrones de exclusión relacionados a una determinada identidad y roles adscritos, quitándonos en muchas ocasiones la libertad para decidir cómo queremos ser, la forma en que deseamos presentarnos a la sociedad y los roles que deseamos asumir.

Otro punto importante que debe considerar esta nueva hoja de ruta es entregar perspectiva de género a los Derechos Humanos. La constitución actual asegura a “todas las personas” determinados derechos fundamentales sobre la base de su sola condición de persona. Sin embargo, aquella supuesta neutralidad del lenguaje de los derechos esconde obstáculos históricos, jurídicos, sociales, económicos y culturales que relegan a mujeres y personas de la diversidad y de la disidencia sexual. De esta manera, la añorada presunción de universalidad de los derechos es arcaica y obsoleta cuando existen comunidades históricamente desprotegidas y discriminadas.

Sumado a ello, la violencia de género es otro problema que afecta a gran número de mujeres de manera transversal, lo que se aprecia a la negación de sus derechos a la salud sexual y reproductiva, constituyendo una forma de discriminación. Esto se aprecia cuando el Estado solicita a los médicos y funcionarios de salud la obligación de denunciar los casos de mujeres que se someten a abortos o cuando se solicita una autorización de terceros para esterilizarse.

Por esta razón, el compromiso con el derecho a la igualdad entre las personas justifica la integración de la perspectiva de género en el reconocimiento y protección constitucional de los derechos de las mujeres. Con esto, se instauraría un marco jurídico robusto, que incluya el reconocimiento de la discriminación indirecta y/o múltiple que sufren las mujeres, agilizado la adopción de medidas legislativas, políticas públicas y judiciales efectivas que colaboren en remover de manera transversal estos obstáculos.

DERECHO AL TRABAJO

Otro punto importante a considerar en la nueva constitución es el derecho al trabajo y la equidad salarial, garantizando la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, activando mecanismos efectivos que puedan terminar con la brecha salarial. Asimismo, debe reconocerse la corresponsabilidad en las labores de cuidado y tareas domésticas para que éstas no sean materia exclusiva de las mujeres.

Asimismo, debe considerarse la realidad de las mujeres migrantes, trans, pobres, indígenas, lesbianas y en situación de discapacidad, con el objetivo de no sólo facilitar su acceso al trabajo, sino de garantizar cupos específicos que ayuden a la disminución del desempleo histórico de ellas y tantas otras mujeres.

Finalmente, es imperante el reconocimiento de los pueblos originarios y mujeres indígenas, considerando y respetando sus particularidades sociales, políticas, económicas y culturales. De esta manera, el proceso constituyente otorga una oportunidad única para dejar de lado la historia de marginalización, invisibilización y abuso, lo que nos permitirá transitar desde una sociedad que se declara homogénea, hacia una que celebra y reconoce la diferencia.

Todos estos aspectos confluyen y determinan lo categórico de contar con una constitución basada en la diversidad de voces, intereses y realidades de nuestra sociedad, recogiendo las demandas por la igualdad de género. El momento histórico que protagonizamos es propicio para sacar a relucir la necesidad de avanzar hacia una democracia paritaria cuyos contenidos sean constitucionales.

Si bien el proceso constituyente será de largo aliento y habrá asuntos específicos que deberán abordarse en leyes o políticas públicas, al incorporarse la igualdad de género en la nueva Carta Magna, podrá edificarse una sociedad más democrática, incluyente y sostenible, con una igualdad sustantiva y no sólo remitida a un discurso trillado y lleno de florituras.