Por varios meses, el nominado Club Black (“club de caballeros”), emplazado en el barrio Brasil ha generado polémica, tanto a nivel de vecinos, como las determinaciones que ha adoptado la autoridad respecto de su funcionamiento.

Las personas que habitan cerca del recinto se oponen a su operación; de hecho han realizado manifestaciones para exponer su malestar.

Por otra parte, cabe recordar -señaló SoyAntofagasta- que el 10 de julio de 2019 la exalcaldesa Karen Rojo, luego de una extensa votación por parte del Concejo Municipal, determinó que al local no se le renovaría la patente comercial, con la cual el establecimiento podía vender alcohol.

La publicación detalló que, a pesar de la prohibición de expender bebidas etílicas, el club siguió funcionando, prescindiendo de la comercialización de licor. No obstante, el recinto dejó de funcionar tras la crisis ocasionada por el estallido social y la pandemia.

Finalmente, las problemáticas respecto al funcionamiento del local derivaron en una disputa legal. El texto periodístico puntualizó que Carlos Claussen, representante de “G Entertainment Group Chile SpA” (empresa dueña de la franquicia), presentó un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones; argumentando que fueron víctimas de un “acto arbitrario que perjudicó los intereses comerciales de mi representado”.

INSTANCIA JUDICIAL

La instancia judicial determinó que la no renovación de la patente de alcoholes fue adoptada a pesar que la junta de vecinos no estaba vigente cuando se adoptó el decreto; y, además, no se pudo acreditar irrupción de delitos asociados a la apertura del emprendimiento.   

“La junta de adelanto o comité, no tiene la representación del sector poblacional. Pero no solo ello, sino lo más evidente, es que no existe sanción administrativa ni denuncias o informes de Carabineros, respecto de hechos que pudieren presumir la falta de seguridad y, si ha sido la propia municipalidad el ente que ha dictado normas particulares atingentes a esta situación, es la entidad edilicia la primera que debe respetar sus propias instrucciones”, indicó la Corte, de acuerdo a lo publicado por el medio regional.

En este contexto, el tribunal determinó que el municipio debe dejar sin efecto el decreto antes detallado, y paralelamente tiene que otorgar una patente provisoria, dentro en un plazo de seis días hábiles.

Claussen, junto con destacar el dictamen, aseguró que iniciarán acciones legales, para pedir indemnización por daños y perjuicios; por el tiempo que no contaron con la patente.

Por su parte la municipalidad indicó que recurrirá de casación a la Suprema

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