En las ciudades más pobladas del país se convocaron masivamente funcionarios de los ministerios y servicios públicos de la Administración Central del Estado, de la educación y la salud hospitalaria, municipales, y las universidades estatales. Esto por la demanda central de un reajuste de 8,8% en los ingresos del sector públicos, igual al reajuste entregado este año al sueldo mínimo, además de un aumento del 10% para los sueldos menores a 750 mil pesos.

La crítica de los trabajadores públicos es la renuencia del Gobierno a negociar antes de la elección presidencial del 17 de noviembre, posición que ha expresado el subsecretario de Desarrollo Regional, (Subdere), Miguel Flores, quien –en la reunión de la tarde de este lunes- dijo que no entregaría una propuesta porque el paro se realizaría de todos modos.

Pero los trabajadores alegan que esta postura es puramente retórica, porque tampoco hubo propuesta en la reunión del viernes, cuando aún estaba en análisis la movilización. En el fondo, dicen los funcionarios, el Gobierno busca imponer la postura del ministro de Hacienda Felipe Larraín, quien ha dicho públicamente que este tema del reajuste no debería discutirse más de 12 días, básicamente en el Congreso a través de un proyecto legal, y además con fecha posterior a la elección del 17 de noviembre.

Esto es rechazado por el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente: “El Gobierno pretende dilatar esta negociación y no hacerla como una negociación real, sino que desplazarla para después de las elecciones. Además, se va a tener que tramitar este proyecto de ley en el Congreso, y también con una negociación de Presupuesto que se va a concluir después de las elecciones, por lo tanto, no va haber tiempo para hacer una verdadera negociación”.

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (Asemuch), Óscar Yáñez, detalla que al menos el 90% de los 50 mil funcionarios, que laboran en los 345 municipios del país, están movilizados desde el miércoles pasado, porque sólo ha cumplido tres puntos de la agenda del sector (la homologación del sueldo base de las municipalidades en relación con los trabajadores de la Administración Central del Estado; la homologación del suelo de municipios de zonas extremas, y la ley de retiro voluntario), pero ha ignorado otros tres puntos (los Programas de Mejoramiento de la Gestión, que significa que en el Estado central se pague dos veces más que en los municipios; el desnivel previsional que causa que a los funcionarios municipales se les remunere 21,5% menos; y la ausencia de una asignación profesional y técnica.

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