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Solo hace un par de semanas las calles y plazas de Rio de Janeiro comenzaron a teñirse de verde y amarelo. Antes de eso, señal alguna advertía a los cientos de miles de transeúntes de que el Mundial de Fútbol más caro de la historia estaba por acontecer.

Sin embargo, el fantasma de la Copa del Mundo rondó durante meses por las calles entierradas de la favela de Metrô-Mangueira, ubicada a solo metros del mítico estadio Maracaná. 600 familias que allí vivían fueron violentamente desalojadas y, como ellas, son más de 20 mil las que han sido removidas de sus hogares en vísperas del Mundial.

El Brasil que recibe a la Copa es el mismo en el que el mes pasado la policía asesinó a trece personas en el Complejo de la Maré, en el que ocho obreros de la construcción de los estadios murieron por causa de la precariedad de sus condiciones laborales. El mismo que mantiene a funcionarios y profesores de las principales universidades federales en paro desde hace meses, sin recibir respuesta alguna de parte del Estado.

Como ellos, los conductores de autobuses de Río de Janeiro han realizado múltiples paralizaciones en el último mes, a lo que se suma el paro de 24 horas anunciado la noche de este miércoles por los funcionarios de los aeropuertos de Galeão, Santos Dumont e Jacarepaguá.

En tanto, los trabajadores del metro de Sao Paulo debieron poner fin a la huelga que iniciaron la semana pasada, ante los amedrentamientos, despidos masivos y las millonarias multas de las que fueron víctimas.

De la mano de las justas reivindicaciones sociales ha venido siempre la represión. Junto a las banderas, los vendedores de camisetas y el inconfundible sonido de las vuvuzelas, la presencia policiaca en las calles se ha multiplicado, así como las detenciones arbitrarias de activistas contra el Mundial.

“El deficiente historial de Brasil en materia de mantenimiento del orden público, la dependencia del ejército para controlar las manifestaciones, la falta de formación y el clima de impunidad constituyen un peligroso cóctel en el que los únicos perdedores son los manifestantes pacíficos”, ha señalado Atila Roque, director de Amnistía Internacional Brasil, uno de los organismos que ha advertido sobre el tenso panorama en materia de derechos humanos que se prevé para los próximos treinta días.

Presenciar la apertura de la Copa, que arranca este jueves en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo, llega a costar unos 250 mil pesos chilenos. Esto, en un país dónde el sueldo mínimo no alcanza los 180 mil y 37 millones de personas viven en la extrema pobreza.

Para esta jornada se han organizado múltiples protestas, la principal de ellas en la ciudad de Sao Paulo. Muchos de sus participantes volverán a sus casas o a un bar, a presenciar el debut de su equipo. Porque su lucha no es contra el fútbol. Es contra los casi tres mil millones de euros a los que se eleva el costo del Mundial, que han salido casi íntegramente de arcas fiscales, es decir, de los bolsillos de quienes jamás hubiesen podido darse el lujo de acceder a una entrada para cualquiera de los encuentros.

Es contra el gobierno y la Fifa, contra la desfachatez de construir estadios en medio del Amazonas o en ciudades donde ningún equipo de fútbol juega en primera división. Todo esto en la cara de las organizaciones ciudadanas, de trabajadores y estudiantes que han visto poner en pausa sus demandas, que siguen esperando los beneficios de vivir en la sexta economía mundial.