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Con las reformas Tributaria, Educacional y al sistema binominal en marcha, el debate al interior de la Nueva Mayoría comienza a centrarse en otro de los pilares programáticos de la coalición, la nueva Constitución.

Discusión que el Gobierno ha intentado evitar por lo menos hasta 2015, pese a las señales de fuertes divergencias que se están plasmando en el oficialismo.

“El gobierno tiene un calendario muy claro y lo que hemos dicho es que este año avanzamos con la Reforma Tributaria, la Reforma Educacional en distintos niveles y con la reforma del sistema electoral binominal”, sostuvo el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, al ser consultado al respecto.

“El próximo año comenzamos con la otra reforma estructural que es una nueva Constitución para Chile, nacida en democracia, como corresponde a todo país que se siente orgulloso del proceso político que está viviendo”, subrayo Rodrigo Peñailillo.

Pero lo concreto es que las señales son confusas y así lo demuestran los últimos hechos ocurridos al interior de la Nueva Mayoría.

Primero, la decisión de la Democracia Cristiana de pujar por una definición programática previa a la discusión del mecanismo para cambiar la nueva Constitución, lo que para algunos, es una clara señal de querer  bloquear la Asamblea Constituyente.

Luego, las declaraciones del presidente del MAS, el senador Alejandro Navarro, que fue claro en señalar que la opción de la Asamblea está prácticamente descartada y, finalmente, las palabras del senador del PPD, Felipe Harboe, quien fue más allá y aseguró que “en este gobierno no habrá cambio constitucional”.

“No tengo la temporalidad, pero la profundidad del cambio impedirá tener una nueva Constitución en este periodo presidencial. Y eso habla de la estatura de estadista de la Presidenta Michelle Bachelet, que no está pensando solo en la próxima elección, sino en instalar un proceso participativo, democrático e institucional que permita generar la Carta Fundamental que nos va a regir por los próximos 20, 30 o 40 años”, explicó Felipe Harboe.

Al respecto el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade hizo un llamado a la calma “yo entiendo que la nueva Constitución es una propuesta que la Presidenta comprometió con el país y en consecuencia, es una tarea a la que tenemos que abocarnos durante su mandato. Entiendo que ella ha señalado que vamos a trabajar con mayor celeridad desde el primer semestre del próximo año así que pediría a los nerviosos que contengan sus nervios y esperemos”, afirmó Andrade.

Pero lo cierto es que las cosas no están tranquilas en el oficialismo, los roces entre los sectores partidarios de la Asamblea Constituyente y los que se oponen son constantes, por lo mismo, el trabajo para algunos ahora se enfoca en las elecciones parlamentarias de 2017.

Así lo señala el senador Alejandro Navarro, quien espera conseguir con esto mayor libertad de acción al interior del conglomerado.

“El MAS espera aportar en esa contienda a elevar el número de senadores a fin de que, en el próximo gobierno, podamos generar una Asamblea Constituyente, no veo otra salida, cualquier reforma a esta Constitución de Pinochet, que lleva la firma de Lagos, va a hacer que esta transición política se extienda al infinito y esta Constitución nauseabunda va a seguir entrampando el desarrollo democrático de la sociedad chilena”, sostuvo Navarro.

Más moderado es el presidente del PPD, Jaime Quintana quien insiste en que es necesario postergar este debate y esperar la definición de la Mandataria, “no es un tema de hoy, la Presidenta ha señalado cuáles son los plazos de esa discusión y en su oportunidad habrá que verlo, pero el aspectos central de esta iniciativa es que la Presidenta de a conocer los mecanismos y ese mecanismo el PPD lo apoyará”, señaló.

La reforma constitucional está localizada en la Segpres, ministerio que ha manejado con sigilo el tema evitando crear nuevos flacos de críticas para el Gobierno.

De todas formas se han conocido detalles del trabajo que encabeza la ministra Ximena Rincón, destacando la realización de una serie de consultas ciudadanas, en los distintos municipios, cuyas conclusiones serían la base de la discusión que radicaría en el Congreso.

La opción de la Asamblea Constituyente estaría prácticamente descartada.