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Presentado durante la semana en París por el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría, y la embajadora de Chile en la institución, Claudia Serrano, el informe evalúa el “ambicioso programa de reformas” impulsados por el gobierno de Michelle Bachelet y elabora una serie de recomendaciones orientadas a la priorización de las políticas públicas para promover un crecimiento calificado como fuerte y equitativo.

El documento analiza distintas fórmulas a través de las cuales, el país debería mejorar los resultados en materia social y ambiental, mientras acelera su crecimiento económico a mediano plazo. En este sentido, la OCDE reconoció el sostenido crecimiento económico del país, señalando que entre 1990 y 2014, el Producto Interno Bruto (PIB) creció en promedio más de un 5% al año.

También valora positivamente las reformas impulsadas por el gobierno, considerándolas como relevantes esfuerzos de equidad e inclusión. Dentro de las que destaca la Reforma Tributaria de 2014, el proyecto de Carrera Docente y los proyectos de reforma educativa y laboral.

Desigualdad radical

Pese a todos los elogios hacia los índices macroeconómicos que ostenta Chile, la OCDE reconoció una importante diferencia entre el país y el resto de los países del organismo en relación a bienestar y equidad social.

Según el Índice para una Vida Mejor de la OCDE, la disparidad de ingresos en nuestro país es una de las más altas de todo el organismo: el 20 por ciento de la población de mayor ingresos gana 13 veces más que el 20 por ciento inferior, y se estima que la concentración de ingresos en el 1 por ciento más alto de la población de Chile se sitúa entre las más elevadas de los países de la OCDE.

En relación a la pobreza relativa, en 2011 el 18 por ciento de la población vivía en hogares que percibían ingresos inferiores a la mitad de la renta mediana del país, que alcanza los 2 millones 825 mil 418 pesos al año. Esta cifra contrasta con el 12 por ciento de la OCDE, en relación a una renta mediana de 10 mil 119 dólares al año, unos 6 millones 920 mil 941 pesos. En otras palabras, los otros países de la Organización tienen menos personas que ganan menos de la mitad del sueldo promedio, pese a que ganas cerca de seis mil dólares más anualmente.

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Otros datos relevantes en este sentido, señalan que uno de cada cinco niños vive en la pobreza y que la movilidad intergeneracional es reducida: “los hijos de padres pobres se mantienen en el umbral de la pobreza y los hijos de padres adinerados en el de la riqueza, perpetuando las desigualdades en el tiempo”.

Educación y entes productivos

En materia educativa el informe resulta categórico: “El actual sistema educativo de Chile no fomenta la igualdad de oportunidades y el impacto del estatus socioeconómico sobre el rendimiento de los estudiantes es uno de los más altos de la OCDE”.

Dentro de las recomendaciones elaboradas por el organismo, resulta de suma relevancia el vínculo establecido entre la educación y el rol que esta cumple dentro del sistema productivo: “Las mejoras del sistema educativo fomentarán la acumulación de capital humano, mientras que un mercado de trabajo más inclusivo permitirá hacer un mejor uso del talento disponible, al tiempo que la mejora de resultados en materia de salud permitirá que los trabajadores aumenten su productividad”, se lee en el documento.

Sobre este punto, Mario Sobarzo, profesor de Filosofía e Investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), advirtió que resulta prudente entender este informe como un cúmulo de recomendaciones y no olvidar quiénes son sus autores: “No hay que olvidar que estas recomendaciones están hechas por países capitalistas. Hay que tener cuidado con considerar esto como verdades absolutas, cuando se trata de meras indicaciones”.

Además, agregó que la determinación del contenido político de las reformas y las modificaciones en materia educativa escapan a la competencia del organismo internacional y son una tarea de la sociedad en su conjunto. “Cómo se baja esta discusión a términos prácticos, es algo que la OCDE no tiene mucho que decir. Somos los propios integrantes de la comunidad quienes tenemos que decir cuáles son las razones, los motivos, los fundamentos, los principios y los valores que orientan el sistema educativo y cuáles son los fines a los que queremos dirigirnos. En ese sentido la OCDE puede dar recomendaciones, pero somos nosotros quienes tenemos la decisión final”, señaló.

Precarización laboral

Otro aspecto relevante analizado en el informe tiene que ver con las condiciones de los trabajadores chilenos en comparación con los de los otros países de la OCDE. Según consigna el documento, las estadísticas positivas en materia de desempleo ocultan fuertes desigualdades en el mercado laboral: las mujeres tendrían poca participación y los jóvenes amplias dificultades para encontrar trabajo. Ambos elementos sumados a la gran fragmentación de las labores productivas, produce que un amplio porcentaje de la población trabaje bajo acuerdos laborales no-regulares.

En Chile, el 30 por ciento de los trabajadores son considerados como temporales, es decir, que no poseen un contrato de trabajo indefinido. Según establece la legislación laboral, los contratos a plazo deberían conducir a contratos indefinidos, pero la evidencia recopilada por la OCDE muestra que esto no suele ser así y que muchos trabajadores pasan de un contrato temporal a otro.

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Otro aspecto que revela la precarización laboral de los chilenos, es el alto índice de trabajadores que realiza actividades informales. En 2011 la proporción de trabajadores entre 15 y 64 años que no cotizan en el sistema de pensiones, se situaba en el 30,3 por ciento. Esta cifra sumada a la de contratos no regulares, arrojaría que sólo un 40 por ciento de los trabajadores chilenos tendrían contratos indefinidos y actividades laborales regulares.

La recomendación del organismo en este aspecto fue de manifestar la necesidad de realizar esfuerzos especiales para actualizar la legislación laboral a fin de promover acuerdos de trabajo estables y reducir la segmentación.

Karina Narbona, investigadora de Fundación Sol, señaló que es importante no sobreestimar los datos y apuntó que la precariedad laboral atraviesa los distintos tipos de contrato. “Los análisis sobre precariedad laboral hay que hacerlos un poco más allá de estas categorías clásicas y entender que la precariedad es transversal a nuestro mercado laboral. Es cierto que la precariedad está presente en los trabajadores que están en un rango completamente informal, sin contrato. Pero en aquellos trabajadores que están cubiertos con un contrato, incluso con un contrato indefinido, la precariedad también está latente”, señaló.

Diversificar la economía

Dentro de sus recomendaciones en materia de productividad, el organismo advirtió la necesidad de diversificar la economía e impulsar la productividad debido al proceso de estancamiento que, asegura, experimentan las exportaciones en los últimos dos años.
En este sentido, auguró el fin del boom de las materias primas y llamó a fomentar un proceso productivo que trascienda los sectores relacionados con éstos productos básicos. Así, recomendó: “adoptar políticas que favorezcan la competencia, mejoren la acumulación de capital humano e incrementen la diversificación de la economía, la cual sigue dependiendo en gran medida de la exportación de materias primas”.

Además, se señala la relevancia para el comercio internacional de la infraestructura marítima, donde se acusa una excesiva burocracia en su control y una desproporcionada regulación. La alta descoordinación entre los puertos y las ciudades y una legislación que cierra los espacios marítimos a la competencia, son otros de los problemas observados.

La innovación en materia tecnológica y empresarial es considerada otro punto débil. La baja inversión en esta materia explicaría en parte la falta de diversificación de la economía y su dependencia del sector minero. Sobre este punto en informe recomienda “reforzar la elaboración de políticas de innovación mediante el despliegue completo de la Agenda de Productividad, facilitando los vínculos entre la industria y la investigación, y promoviendo la coordinación público-privada para explotar los activos naturales, contribuyendo a complementar las ventajas comparativas”, puede leerse en las indicaciones finales.