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Por Dr. Oscar Parra B., Biólogo de la Universidad de Concepción y Miembro Comité Consultivo Nacional Energía 2050

En una ceremonia realizada en la sede del Congreso Nacional en Santiago, el Ministerio de Energía recibió  la Hoja de Ruta 2050 hacia un futuro energético sustentable e inclusivo para Chile al 2050. Este documento  propone las visiones, metas, lineamientos y transformaciones del sector energético para las próximas décadas  y lo relevante es que reflejan un consenso unánime de los 27 integrantes del Comité Consultivo de Energía 2050, pertenecientes a diversos ámbitos: instituciones de gobierno, del sector empresarial, representantes de la sociedad y universidades relacionados con el sector energía, reflejando un  amplio espectro de multisectorialidad y de interdisciplinariedad, única manera de afrontar hoy  el tema energético de gran complejidad en lo económico, social y ambiental.

En la actualidad, la disponibilidad energética es  una de las mayores urgencias de nuestro país y se ha indicado que, en cualquier escenario futuro, se requerirá construir nueva infraestructura energética para sostener una economía en crecimiento que permita lograr un desarrollo sustentable en lo social, económico y ambiental. El país necesita una política pública energética de largo plazo e inclusiva, que ayude al proceso de toma de decisiones y a la localización de los diversos proyectos con la mayor participación posible. Por ello, el Estado debe asumir un rol preponderante y generar una visión clara de futuro que incluya prioridades, proyecciones y lineamientos para distribuir territorialmente los costos y beneficios del sector entre los diferentes actores y considerando también los intereses locales y regionales.

Sin embargo, el logro de las metas planteadas en esta Hoja de Ruta al 2050, implica objetivos y acciones, que conllevan oportunidades y desafíos para todos los actores involucrados, desde el ciudadano común hasta los institucionales, y entre estos últimos, especial mención merecen las universidades del país. Al respecto, entre los acuerdos consensuados, está la necesidad de incrementar la inversión en I + D a  los niveles de los países de la OECD, para poder afrontar los requerimientos del sector energético. Por ejemplo, en términos de conocimiento científico de los diversos ecosistemas del territorio nacional para facilitar la localización de los proyectos energéticos con el menor impacto posible, el desarrollo de líneas de investigación científica a nivel de las ciencias básicas, de las ingenierías, de las ciencias sociales, de las ciencias ambientales. Lo anterior va a   permitir el análisis y evaluación de los diversos proyectos desde perspectivas inter- y transdisciplinariamente, única manera de enfrentar la complejidad de los diversos escenarios del desarrollo energético y sus impactos. De la misma forma, habrá que considerar los requerimientos de desarrollo tecnológico asociado a las diversas fuentes energéticas disponibles en el país, particularmente las ERNC, entre ellas la solar, la eólica, la geotermia y la mareomotriz, todas ellas de gran potencial en el país, pero la mayoría de  ellas con tecnologías de importación. Sumando a lo anterior, está la necesidad de formación de recursos humanos especializados en el sector, desde el nivel técnico, el profesional hasta el postgrado. Al igual que las ciencias ambientales, definida como ciencias de la sustentabilidad, el tema energético requiere la conjunción o integración de diversas ciencias disciplinarias para investigar, desarrollar tecnologías y formar recursos humanos especializados en el sector. 

Estas oportunidades y desafíos implica para las universidades del país, potenciar a centros de investigación en energía ya existentes, así como también crear estas unidades de investigación en la temática a nivel de regiones, en especial en aquellas con gran potencial energético en operación y potencial disponible, como es la Región del Biobío, para lo cual es necesario incrementar los aportes estatales y privados en I +D, lo que se podría realizar a través de un Programa de Investigación, de Desarrollo Tecnológico y de Formación de Recursos Humanos para el Desarrollo Energético de carácter decenal, al cual las Universidades  postulen a través de concursos.