<p>Apuntes de crisis en Chile.</p>
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En momentos de gran crisis sanitaria, política, económica y
social, en que la confianza y la capacidad de incidencia de la ciudadanía en
los asuntos públicos son bienes muy escasos –algunos de los motivos del
estallido de octubre de 2019-, y teniendo en vista la tragicomedia en la que
actualmente estamos sumidos/as gracias al gobierno y la élite política y económica,
me parece adecuado realizar algunos planteamientos que considero necesarios
para enfocar la problemática de la participación ciudadana, pensando en el
Chile de las próximas décadas. Por ejemplo, y en el marco de la coyuntura
histórica que vivimos como país, algunas preguntas centrales -aunque no las
únicas-, son ¿cómo promovemos una forma de democracia legítima, legitimada y
que contribuya a una cultura política basada en la confianza y la participación
activa de la sociedad? o ¿cómo promovemos formas de participación democrática
de la sociedad, los pueblos y naciones de Chile en relación al aparato estatal
y al mercado, que permitan balancear el desequilibrio de poder actualmente
existente y que afecta negativamente a la sociedad?
Estas preguntas parecen tener sentido en la medida que algunos de
los principales legados de la dictadura y la transición fueron: desactivar el
ejercicio político de los pueblos de Chile en los mecanismos institucionales;
despolitizar progresivamente a la sociedad en su vida cotidiana; aumentar
significativamente el poder del mercado oligopólico en los asuntos públicos (en
desmedro de la sociedad y en contubernio con el aparato estatal); y promover
una cultura de la desconfianza y la individualización, la cual se encuentra
objetivamente sustentada en la mercantilización de la vida. Todo lo anterior a
través de un aparato institucional, cultural y mercantil difícil de desentramar
y que tiene como consecuencia no sólo una crisis de representación y confianza
respecto del estado, la élite política y el mercado oligopólico, sino -y más
grave aún-, en el seno de la sociedad misma. Tenemos serios problemas para
confiar en otros que no sean nuestra familia o más cercanos, lo que ha quedado
en evidencia en una serie de estudios nacionales, internacionales y en nuestras
prácticas cotidianas.
En base a lo anterior, el promover y afianzar una renovada cultura
democrática, la participación vinculante en los asuntos públicos, la confianza
interpersonal y en el Estado y aumentar el poder real de la sociedad y los
pueblos de Chile, no depende solamente de la incorporación de nuevos mecanismos
institucionales o propuestas innovadoras, sino, y fundamentalmente de una
recomposición general de la relación Estado-mercado-sociedad y pueblos de
Chile. El problema es sistémico y debe ser tratado como tal.
En función de lo anteriormente dicho, algunos niveles, ideas y
mecanismos necesarios -no necesariamente suficientes-, para pensar y abordar la
problemática anteriormente expuesta podrían ser los siguientes:
- Nivel Constitucional: es necesario que en este ámbito, el proceso constituyente en
ciernes genere como resultado al menos: a) el reconocimiento de la
participación de la sociedad como elemento fundamental del Estado democrático
(esto como parte de las nuevas bases de la institucionalidad y sin perjuicio
del reconocimiento del carácter plurinacional del estado o del cambio de un
estado unitario a uno federal o autonómico); b) el reconocimiento y
garantía constitucional del derecho fundamental de participación ciudadana en
los asuntos de mayor importancia para la vida nacional, regional, provincial y
comunal de acuerdo a lo establecido por la ley; c) que este derecho esté
protegido, siendo exigible y justiciable (que se pueda demandar ante tribunales
si no se cumple); d) que este derecho sea reconocido explícitamente como
vinculante en el texto constitucional, sin perjuicio que una posterior ley
orgánica establezca las instancias institucionales donde será más vinculante; e)
establecer, como derecho político fundamental, la carga del voto
obligatorio, pues, el ejercicio de la ciudadanía se basa en la existencia de un
derecho-deber para con la comunidad política y para con el Estado. Además, no
es menos cierto que la existencia del voto voluntario, es un fiel reflejo de
las desigualdades económicas-sociales, pues, terminan votando las personas que
gozan de mayores ingresos, manteniendo el status quo.
- En cuanto al proceso
constituyente institucional: es fundamental definir posiciones y mecanismos que permitan, al menos
en los momentos iniciales del proceso: a) asegurar una mayoría
contundente por el apruebo en el plebiscito de entrada (sobrepasar el 50% de
participación del padrón y al menos un 65% de preferencias por la opción
apruebo y convención constitucional); b) levantar candidaturas que
representen un programa común de transformaciones profundas al modelo
institucional, político, económico y social de los últimos 45 años, y que estas
candidaturas obtengan ⅔ de la convención constitucional o al menos el 50 más 1
de las y los miembros; c) trabajar de aquí a abril de 2021 en un
programa constituyente, propuestas de reglamento interno y mecanismos de
participación ciudadana de la convención constitucional, para debatirlos de
cara a la ciudadanía e ir definiendo pisos mínimos de garantías de
participación ciudadana durante la existencia de la convención constitucional; d)
contribuir a levantar instancias de discusión ciudadana de carácter
constituyente, paralelas a la convención, a fin de mantener a la ciudadanía
movilizada, informada e interesada, así como también para marcar la pauta de
las discusiones al interior de la comisión, llevando el programa de
transformaciones al mismo seno de esta.
- Nivel legal: a) dictar una ley de participación ciudadana, reconociendo
la participación vinculante de la ciudadanía y estableciendo los mecanismos a
través de los cuales la participación ciudadana incidirá en los asuntos
públicos (sobretodo en definición de políticas públicas y materias
presupuestarias a niveles sub-estatales); b) derogar la ley 20.500, que
define a la participación como meramente consultiva; c) adecuar todo el
aparataje legal (incluidas leyes laborales, de familia, ambientales y otras, al
nuevo estándar de participación reconocido constitucionalmente, y en línea con
los tratados internacionales de DDHH suscritos por Chile y actualmente
vigentes).
- Nivel Institucional: a) creación de una política general de participación
ciudadana en los asuntos públicos, que transversalice las acciones más
importantes del Estado, en base a lo establecido por la Nueva Constitución y
las nuevas leyes de participación derivadas de esta, b) creación de una
institución pública específicamente ligada y especializada en temas de
promoción, estudios, creación y fiscalización de políticas de participación
(habrá que hacer un análisis si se tratará de un ministerio, una subsecretaría
NO dependiente de la SEGEGOB, una nueva división de la SUBDERE, o una entidad
autónoma del estado); c) redefinición de todas las instancia regionales
y comunales de participación actualmente existentes (COSOC, CDL, áreas
comunitarias municipales, etc.), promoviendo su profesionalización e incorporando
su carácter vinculante en determinadas materias (algunas presupuestarias -como
presupuestos anuales del GORE y los municipios-, otras de planificación y
diseño de políticas, como PLADECOS, Planes reguladores, ERD, grandes proyectos
de inversión, etc.); d) creación de nuevos órganos de participación
ciudadana a nivel local, que permitan redefinir territorialmente las comunas
(considerando Unidades vecinales más que juntas vecinales por ejemplo, al menos
para proyectos de mayor envergadura), a fin de diseñar, presupuestar y
cogestionar iniciativas públicas, privadas y comunitarias (como construcción de
mobiliario público, grandes proyectos de infraestructura, nombres de calles,
medios de comunicación comunitarios, priorización de determinadas inversiones
en el territorio, etc.). Todo esto en base a una red interconectada de
unidadesvecinales que definan no solamente lo que ocurre en su territorio
sub-comunal, sino que incidan y planifiquen respecto del conjunto de la comuna
en conjunto con los organismos públicos; e) fortalecer a las juntas
vecinales a través de aportes basales y acompañamiento técnico por parte de
equipos especializados de los municipios (que colaboren en temáticas tales como
funcionamiento del estado, formulación y ejecución de proyectos, planificación
territorial, presupuestos participativos, convivencia y democracia vecinal,
vínculo con instituciones del territorio, etc.); f) presupuestos
participativos comunales; g) consejos locales de niñas, niños y jóvenes
y de diversidades y/o disidencias (sexuales, situación discapacidad, migrantes,
otras), que se incorporen a los órganos territoriales y a los nuevos
COSOC u otras instancias similares; h) incorporar mecanismos de
plebiscitos regionales y comunales para definición de cuestiones de interés
público y darles carácter de vinculante.
- Nivel político del Estado: incorporar mecanismos de control político por
parte de la ciudadanía y de garantías de participación ciudadana en los
procesos políticos institucionales como a) retorno al voto obligatorio
en las elecciones, manteniendo la inscripción automática; b) iniciativa
popular de ley; c) mecanismo de revocatoria de mandato de autoridades
electas; d) mecanismos de revocación ciudadana de leyes (abrogativos); e)
institucionalizar mecanismos de referendums nacionales vinculantes en temas
sensibles (aprobación o cese de acuerdos de libre comercio, por ejemplo),
pudiendo ser llamados por autoridades políticas o por un conjunto de
ciudadanos/as.
Todas las propuestas anteriores consideran transitar hacia una
forma de estado que incorpore e institucionalice un sistema democrático que
incorpore armónicamente mecanismos de democracia representativa, directa,
semidirecta y participativa, operando desde los niveles constitucionales hasta
los niveles locales y territoriales. El mayor desafío no se encuentra solamente
en los arreglos institucionales requeridos para pasar de un sistema político e
institucional altamente centralizado a uno efectivamente descentralizado en
términos políticos, administrativos, presupuestarios o tributarios, sino
también en que este desafío logre permear social y culturalmente en la
ciudadanía, contribuyendo a generar una convivencia democrática altamente
participativa.
Lo anterior, por su complejidad, requerirá iniciativas y procesos
de corto, mediano y largo plazo, a fin de que la cultura democrática y
participativa logre afianzarse en la sociedad y mejoremos significativamente
los niveles de confianza interpersonal, en el estado y en la democracia de
nuestro país. Las medidas de corto plazo pueden comenzar a trabajarse desde ya
e implementarse desde el proceso constituyente y en las próximas
administraciones municipales y de gobiernos regionales; las medidas de mediano
plazo deberían tener un horizonte de aplicación de 5 años y las de largo plazo,
de 10 años. Chile está transformándose y esa transformación debe tener a
la ciudadanía en el centro, con derecho a voz, voto y veto.
