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La votación popular a favor de la elaboración de una nueva Constitución a través de una Convención Constitucional es una oportunidad histórica para participar de la elaboración de un gran pacto  social que organice y distribuya el poder, y garantice los derechos de todas y todos, incluido el  derecho a la vivienda. Es decir, este escenario nos abre la posibilidad de crear en conjunto un  acuerdo político-normativo sobre las ciudades que queremos construir para las próximas décadas. La relevancia que tiene para la ciudadanía el resguardo del derecho a una vivienda digna y adecuada  ya fue advertida durante el proceso constituyente iniciado durante el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet. En todas las etapas de participación realizadas en el procedimiento  de aquel entonces la vivienda estuvo entre las cinco prioridades de la población.  

Las demandas ciudadanas por acceso a una vivienda adecuada y por la construcción de ciudades  justas también se vieron reflejadas en el estallido social del 18 de octubre de 2019, cuando la  inequidad se constituyó en el núcleo central de las protestas. Asimismo, la pandemia ha dejado en  evidencia las precarias condiciones de habitabilidad que afectan a miles de familias en nuestro país.  Esta realidad nos alerta sobre la fragilidad del sistema de protección social y resignifica el rol de la  vivienda como un derecho social que permite resguardar otras esferas de nuestra cotidianidad  (salud, empleo, medio ambiente, entre otras). 

La incorporación del derecho a la vivienda en la nueva Constitución no va a solucionar de un día  para otro todos los problemas urbanos y sociales que aquejan a nuestras ciudades. Mejorar las  condiciones de hacinamiento, segregación y desigualdad, precios de las viviendas y de los  asentamientos informales, depende no sólo del reconocimiento y protección constitucional del  derecho a la vivienda sino de una serie de otros factores económicos, sociales y culturales, tales  como la forma en que está distribuido el poder, la voluntad política, la capacidad económica del  Estado, los niveles de corrupción y la calidad de las instituciones políticas. En este sentido, pensamos  en la garantía constitucional del derecho a la vivienda como condición indispensable pero no  suficiente para una ciudad más justa y equitativa.  

Seminario 

En este contexto, el Centro de Estudios Socioterritoriales (CES) de TECHO-Chile y Fundación  Vivienda en conjunto con la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR) han elaborado un informe que será presentado este jueves 5 de noviembre en un  seminario [10] donde examinaremos la experiencia constitucional en materia de vivienda y ciudad en  base a los principales desafíos urbano-habitacionales del país, la voz y mirada de las comunidades,  los estándares internacionales de derechos humanos y la revisión comparada de otras  constituciones a nivel mundial. 

Los panelistas del seminario: Paulina Saball (ex Ministra de Vivienda y Urbanismo), Stephanie  Hurtado (dirigenta de villa El Bosque, La Pintana) y Christian Courtis (abogado y funcionario del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH.) comentarán los principales hallazgos y  propuestas de este informe, que serán presentados por Magdalena Sepúlveda, directora ejecutiva  de GI-ESCR y ex relatora especial de la ONU sobre pobreza y DD.HH., y Sebastián Bowen, director  ejecutivo de TECHO-Chile y Fundación Vivienda. 

Informe: propuestas 

Tras revisar la relevancia de la vivienda en el proceso constituyente, su carácter de derecho humano,  y atributos, cómo se ha aplicado el derecho a la vivienda en la Constitución chilena y ejemplos  internacionales, y el significado o elementos del estatus constitucional de la vivienda, en el informe  se incluyen los siguientes principios clave como propuesta que guíe las reflexiones respecto de la  incorporación del derecho a una vivienda adecuada en la nueva Constitución: 

1º La ciudad como parte integrante del derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda no puede  entenderse aisladamente, y su satisfacción dependerá de las condiciones, equipamientos, servicios  y bienes públicos que se encuentren disponibles en el hábitat en que se inserta.  

2º Primacía del interés general. La utilización del suelo debe responder al interés general de la  población para lograr un desarrollo armónico del territorio. Combatir la segregación requiere  generar un adecuado equilibrio entre el derecho de propiedad y la función social del suelo. 

3º Gestión democrática y enfoque de género en la ciudad. El ejercicio pleno de la ciudadanía  requiere una participación activa de las comunidades en la construcción de su propio hábitat. Esto  necesariamente implica asumir la inclusión como un desafío permanente, y considerar el enfoque  de género como un piso mínimo para su resguardo. 

4º Garantía y protección del derecho. El reconocimiento expreso del derecho a una vivienda digna  y adecuada debe ir acompañado con garantías constitucionales que permitan hacer efectivo su  cumplimiento. Los tribunales de justicia deben tener herramientas para interpretar el contenido del  derecho, ajustar su aplicación a determinados contextos y corregir situaciones de vulneración. 

5º Obligaciones internacionales. De acuerdo con los estándares internacionales de derechos  humanos, la consagración del derecho a la vivienda en el nuevo texto constitucional debería incluir  la obligación de realizar este derecho sin discriminación, progresivamente y hasta el máximo de los  recursos disponibles del Estado. 

Este informe es parte de un esfuerzo conjunto a largo plazo para incidir en las diferentes etapas del  proceso constituyente en los temas relativos a vivienda y ciudad, y como TECHO-Chile y Fundación  Vivienda invitamos al resto de la sociedad civil a articularse en torno al derecho a la vivienda.

Galeria Imagenes: 

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