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Por Piangella Obrador, periodista.

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, siendo una jornada reivindicativa y un mes que invita a concientizar sobre el daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico hacia el género femenino, así como también las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, producida tanto en la arista pública como privada.

En Chile comenzamos este mes vestidas de luto. El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género contabiliza hasta hoy tres femicidios en Talca, Valdivia y Panguipulli, totalizando hasta el 11 de noviembre de 2020, 34 femicidios consumados y 122 femicidios frustrados. En tanto, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres indica que, a la misma fecha, se registran 44 femicidios, un castigo femicida, tres suicidios femicidas y dos crímenes contra trans durante 2020.

A pesar que existe mayor conciencia de la violencia machista, falta mucho trabajo para erradicar los femicidios, las violaciones y el acoso sexual. Lo que viven mujeres y niñas es una violación sistemática y grave hacia los derechos humanos, presentando un impacto inmediato como de largo alcance, con consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e, incluso, mortales.

Esta violencia extendida y persistente no da tregua. Sus consecuencias tanto en territorio nacional como en el mundo actual son devastadoras, caracterizándose por la poca información y la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, mientras que el silencio, la estigmatización y la vergüenza es la sentencia que reciben sus víctimas.

AGENDAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Pese a que se ha conseguido incluir la erradicación de la violencia de género en las agendas nacionales e internacionales, así como también leyes contra la violencia doméstica, las agresiones sexuales y otras formas de violencia continúan existiendo desafíos en la aplicación de estas normativas, puesto que mujeres y niñas poseen una limitada protección y acceso a la justicia. Por otra parte, y mirando más allá del discurso, no se efectúa un trabajo tangible para prevenir la violencia, quedando frecuentemente impune cuando ocurre.

Otro punto complejo ha sido el Covid-19. Mientras todas y todos nos manteníamos recluidos en nuestros hogares debido a las medidas de confinamiento implementadas para contener la crisis sanitaria mundial, las cifras exhibían un alarmante incremento en la ya existente pandemia de violencia contra las mujeres, en un momento en que las Fuerzas de Orden y Seguridad, servicios sanitarios e instituciones, entre otros, no operaban en su totalidad para hacer frente a la enfermedad.

Entre marzo y septiembre los llamados al fono 1455, perteneciente al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), registraron un alza del 190% en comparación al mismo periodo de 2019. En tanto, los mensajes al WhatsApp silencioso, número implementado en abril para apoyar a mujeres que durante el confinamiento estaban conviviendo con su agresor, suman más de 18 mil y el Chat Web 1455, en el sitio sernameg.gob.cl, acumula más de 5.300 atenciones.

Durante este año, más de 49.200 mujeres recibieron atención en los 111 centros de la mujer y 43 casas de acogida del SernamEG, entregando apoyo psicosocial y también jurídico, además de protección y reparación en violencia física, psicológica, sexual y económica, a quienes se encuentren en riesgo de padecer situaciones de violencia extrema.

DESAFÍOS

A pesar que es un largo trayecto y un camino con enormes desafíos en su camino, es totalmente necesario e imprescindible trabajar en erradicar la violencia en contra de las mujeres porque es un obstáculo para construir sociedades inclusivas y sostenibles. La imperante necesidad de abogar hacia la igualdad de género y a una cultura de no violencia, es una bandera de lucha que tanto las instituciones como la sociedad deben alzar.  

Si una sociedad desea crecer, florecer, ser inclusiva, empática y con mayores oportunidades, debe recordar que la mitad de su población vive con el miedo permanente de ser agredida. Por esta razón, es apremiante que los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones, promuevan el fin de la violencia, aumentando la sensibilización sobre sus causas y consecuencias, con el objetivo de mejorar su prevención y respuesta.

Sumado a ello, debemos promover la necesidad de cambiar normas y el comportamiento de hombres y niños, abogando por la equidad de género y los derechos de las mujeres. Además, asegurar el acceso a respuestas multisectoriales de calidad para sobrevivientes a violencia, que incluyen seguridad, acogida, salud, justicia y otros servicios esenciales.

Adicionalmente a estos puntos, es fundamental el desarrollo de planes nacionales de acción dedicados a prevenir y abordar la violencia contra mujeres, fortaleciendo la coordinación entre actores y sectores diversos que se requieren para una acción significativa y de largo alcance.

LEY DE VIOLENCIA INTEGRAL

Un gran avance en esta materia será la aprobación de la Ley de Violencia Integral, que busca reconocer las diferentes formas de agresión que sufren las mujeres -física, psicológica, sexual y económica- cuyo proyecto está en su segundo trámite en el Senado. También, las autoridades políticas deben impulsar campañas permanentes de prevención que permitan disminuir la violencia y los femicidios.

A ello debemos sumar el trabajo desde la primera infancia sobre la no violencia hacia las mujeres, el desarrollo de estudios de prevalencia de la violencia de género y el impulso de una política pública clara y coherente que apunte a terminar con la desvalorización de lo femenino.