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En medio de críticas de los opositores por la presunta persecución política, el presidente del Congreso, Álvaro García Linera, expresó que la norma que acaba de entrar en vigencia es "una ley guillotina que conduce a la cárcel a cualquier funcionario público que se atreva a tocar un solo centavo del Estado".

El también vicepresidente calificó además esta norma como "ley patriótica porque defiende la base material de la Patria".

Por su parte Morales, durante su discurso calificó la jornada como "un día histórico", porque se aprueba una ley que permitirá juzgar a quienes se enriquecieron con los bienes del Estado.

Aseguró que la corrupción le quita a Bolivia entre US$ 200 y 300 millones cada año.

El mandatario agregó que "desesperadamente algunas familias, ex ministros, ex autoridades van transfiriendo sus bienes a otras personas, hay algunas familias que están escapando de Bolivia".

Por este motivo, hizo el siguiente pedido: "Países vecinos, presidentes, gobiernos, organismos internacionales, no pueden proteger ni detfender a ningún corrupto".

Sin embargo, los opositores han calificado la ley anticorrupción como "draconiana" porque, según ellos, no respeta las garantías constitucionales de las personas, viola tratados internacionales y sólo busca la persecución política de quienes piensan diferente al presidente Evo Morales.

Por eso, el senador opositor Germán Antelo, considera que esta ley obedece a la estrategia oficialista de destruir al enemigo.

"Cuando alguien asume la hegemonía del país intenta destruir a quien conceptúa su enemigo", expresa Antelo, quien asegura que la oposición no ha sido tomada en cuenta en sus pedidos de que se respete el debido proceso para las personas.

En ese marco, el presidente del Comité Pro Santa Cruz (organismo civil), Luis Núñez, se declaró el miércoles en huelga de hambre en defensa de los derechos humanos y en contra de la persecución política.

Los puntos observados por los opositores pueden resumirse en al menos tres.

Uno de ellos tiene que ver con que la ley permite el juzgamiento en rebeldía, es decir, en ausencia del procesado.

El segundo es la retroactividad, lo que quiere decir que se juzgarán hechos pasados, que en el momento de suceder no eran considerados delitos, lo que podría tocar a los gobiernos previos al de Morales.

Y, en tercer lugar, los opositores observan la confiscación de bienes cuando el juzgado lo decida.

La ley anticorrupción establece la conformación de un consejo nacional de lucha contra la corrupción, integrado por ministerios y otras instituciones públicas que, según la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, "no tiene atribuciones de investigación, juzgamiento o persecución penal".

Según la ministra, con esta ley Bolivia cumple el 95% de las exigencias de las convenciones internacionales en materia de anticorrupción, porque crea ocho nuevos tipos penales para juzgar a los funcionarios públicos y permite el levantamiento del secreto bancario para casos de apropiación de los bienes del Estado.

Otra de las particularidades de la ley es que los presidentes y gobernadores no tendrán juicio de privilegio o juicio de responsabilidades en caso de que sean investigados por corrupción. Esto quiere decir que serán sometidos a la justicia ordinaria.

Fuentes:-
BBC
EFE