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Trece bancos se sumaron al acuerdo establecido por Corfo y el Ministerio de Educación, el 6 de octubre del año pasado, en donde se rebajó la tasa de interés  de los adeudados  a un crédito universitario en un 2 por ciento. Sin embargo, ni el Banco de Chile ni el Banco Santander lo hicieron, dejando a más de mil deudores sin acceso a este beneficio.

La vocera de la agrupación Estudiantes Estafados por el Crédito Corfo, Renata Fontecilla, explicó que el crédito súper estudio del Banco Santander o el pregrado del Banco de Chile no adhirieron a este acuerdo, a pesar de que existieron presiones desde la Corfo.

“Esto dejó a más de mil familias con las manos atadas para obtener este beneficio. El Banco Santander tiene una tasa de interés del 8 por ciento, o sea incluso más alta que la de un crédito hipotecario.”, afirmó la vocera.

Uno de los requerimientos que tienen que cumplir los deudores es pertenecer a los nueve primeros deciles de ingreso per cápita familiar. Según la agrupación, éste es uno de los argumentos que han utilizado los bancos para no rebajar la tasa. A pesar de que su vocera aseguró que gran parte de los adeudados son parte de los nueve primeros deciles.

Desde el Congreso ya existe conocimiento de este inconveniente. Hace solo una semana que el Senador de la República Carlos Montes (PS) se enteró de esta situación. Por ahora, los parlamentarios que apoyan esta iniciativa están buscando fórmulas para presionar a los bancos a que sean parte de este convenio. No obstante, desde ya, Montes reconoce que la decisión de la banca posee un carácter moral por sobre lo legal.

“Ellos tienen la facultad de decir que sí o no porque es un convenio, a pesar de todos los beneficios que ellos han recibido por la tasa y las comisiones del  Crédito con Aval del Estado. En la medida que tengan esa garantía aunque no sean legales hay una obligación de carácter moral para resolver esto de una vez.”, expuso Montes.

Al ser solo un acuerdo, las soluciones a este conflicto dependen de los bancos y de su deseo de acogerse a él. Otra de las alternativas que podrían desarrollarse en el futuro, aunque con una menor probabilidad, es que el Estado se haga cargo de la diferencia porcentual, que en este momento la pagan los estudiantes.