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Respuesta de la SUBDERE a oficio parlamentario consigna que variaciones de costos entre la oferta presentada por la empresa y el resultante proceso de evaluación ambiental deben ser asumidos por la misma adjudicataria. La legisladora lamentó que el proyecto que impulsó en su gestión edilicia esté en un “zapato chino” y llamó al trabajo en equipo para sacarlo adelante.

La imposibilidad de que el Gobierno Regional destine más recursos para finalizar las obras del futuro  relleno sanitario de Chaqueta Blanca advirtió la diputada Marcela Hernando (PR). Lo anterior luego de recibir una respuesta formal por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) a un oficio remitido el 13 de abril de 2017, la cual indica que fue durante el proceso de consultas y aclaratorias del proceso de licitación de la iniciativa, realizadas a través de Mercado Público, que quedó definida la responsabilidad total del oferente a la hora de existir variaciones de costos ante el proceso de evaluación ambiental.

LICITACIÓN

“Quedó así en las bases, y cualquier otra cosa sería cambiar las bases de licitación, así es que yo no sé qué van a pensar los abogados sobre esto y el cómo se resuelve, porque efectivamente este es un zapato chino, del cual todos van a tener que colaborar para poder salir porque si no Chaqueta Blanca no va a poder ser concluido”, resumió la legisladora, quien como alcaldesa de Antofagasta e impulsora de la idea fue la responsable de comprar los terrenos del proyecto y obtener la primera recomendación técnica del Ministerio de Desarrollo Social al proyecto, el 25 de mayo de 2012.

RESPONSABILIDAD

En la respuesta oficial, firmada por el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, la autoridad aclara que el gobierno no ha recibido ninguna petición formal de financiamiento a las obras faltantes, adjuntando además las 12 aclaratorias sobre el tema incorporadas en licitación por el propio Departamento de Gestión y presupuesto de la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad, que en ellas señala que acorde a los aspectos ambientales contemplados en la ley de Bases del Medioambiente, y  en el Decreto Supremo Nº40/2012, todas las medidas de mitigación son de cargo de la empresa, así como todos los costos derivados de la licitación.

“Desde un principio había quedado establecido que esto era responsabilidad de la empresa. Ha habido cambios de autoridades en algunos servicios, en la misma intendencia, entonces la gente se olvida de repente, y precisamente por eso -y para que nadie se fuera a equivocar-, es que preferí consultar. Ahora falta también la respuesta de Contraloría”, enfatizó Hernando.

CONTRALORÍA

Con respecto a los plazos en la etapa de obras civiles Santa Marta presentó dos solicitudes de aumento que suman un total de 185 días, modificando la fecha de término del contrato para el día 26 de junio de 2017, autorizados por la Municipalidad en su calidad de unidad técnica e informados al Gobierno Regional a través de los decretos Nº 87/2017 y Nº520/2017. Debido a esto, el 19 mayo la diputada Hernando hizo una serie de consultas a Contraloría, considerando que de acuerdo a la evaluación técnica definida por el municipio, la empresa obtuvo la mayor puntuación por ofrecer el menor plazo de ejecución en relación a los otros oferentes.

OBRAS ADICIONALES

Fue la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, a través de su director nacional, Reinaldo Fuentealba, la que determinó como “insuficientes” los cálculos hechos por la compañía en materia de aguas lluvias, comportamiento del suelo y  estimación de máxima lluvia en volumen y tiempo por metros cuadrados, solicitando adaptar las obras civiles y que quedara establecido en la Resolución de Calificación Ambiental, trabajos que según cálculos de la empresa ascienden a $4 mil millones.