A menos de 4 meses para que el término de su mandato, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ingresó al Congreso el pasado 15 de noviembre un controvertido proyecto de ley para permitir la transferencia -en dominio- de terrenos de playa fiscales ubicados en el norte de Chile.

Según el Ejecutivo, la idea es regularizar la propiedad y promover la inversión en el borde costero de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

Un reportaje de BioBioChile profundizó sobre esta iniciativa, que contempla permitir la cesión a privados de terrenos fiscales “localizados en la faja ubicada a una distancia de hasta 80 metros de ancho, medidos desde la línea de la playa de la costa literal o línea de las más altas mareas”.

Se trata de sitios de dominio fiscal, no bienes nacionales de uso público, que forman parte del borde costero de la Macrozona Norte y son administrados por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa. 

CUESTIONAMIENTOS

El diputado en ejercicio y senador electo por Antofagasta, Esteban Velásquez, alertó sobre este tema y presentó un proyecto de resolución en la Cámara Baja, cuyo objetivo es que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, aclare cuál es la intención de esta iniciativa.

El parlamentario de Federación Regionalista Verde Social (FREVS) sostuvo a BioBioChile que la propuesta gubernamental esconde “letra chica” que terminará beneficiando a los grandes consorcios y a quienes poseen casas de veraneo en la zona costera.

Velásquez advirtió que la inicativa impulsada por el Ejecutivo no es clara respecto si las transferencias de dominio de terrenos fiscales serán a título gratuito o a título oneroso, lo que podría provocar, por ejemplo, que sociedades inmobiliarias accedan a ellos sin entregarle una retribución al Estado. 

El diputado también apuntó a que no se establecen límites sobre la superficie que puede ser solicitada y adjudicada ni tampoco sobre quienes ocupen este mecanismo para regularizar viviendas construidas en los territorios, pudiendo ser éstas de veraneo o para arriendo.

CON FINES DE LUCRO

Asimismo, Velásquez criticó que, a diferencia de otros casos que existen en el país, en esta propuesta los terrenos podrían ser cedidos con fines de lucro.

Al ser consultado sobre esta situación, el Ministerio de Bienes Nacionales respondió a BioBioChile que la iniciativa “tiene como una de sus ideas matrices la reactivación económica de las regiones, por lo que se abre la posibilidad de que personas jurídicas puedan realizar diferentes actividades e iniciativas comerciales en aquellos sectores”.

¿INMOBILIARIAS?

El Ministerio de Bienes Nacionales explicó que “la idea del proyecto de ley es abrir la posibilidad de enajenar tales terrenos para regularizar ocupaciones emplazadas en el borde costero, consolidar la situación de titulares de derechos de uso y goce en terrenos contiguos a la playa, e impulsar el desarrollo económico regional”.

Desde el Gobierno reconocieron que los sitios eventualmente podrían ser utilizados por inmobiliarias. 

“Tales enajenaciones se pueden realizar para llevar a cabo distintos tipos de proyectos que tengan por objeto impulsar el desarrollo económico de las regiones y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, según se especifiquen en las licitaciones que lleve adelante el Ministerio de Bienes Nacionales”, explicaron.

Eso sí, precisaron que “deben someterse a la previa aprobación de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, que tiene como misión resguardar la seguridad nacional, y la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, que cautela la integridad del territorio nacional en las zonas limítrofes”.

¿POR QUÉ EN LA MACROZONA NORTE?

Bienes Nacionales explicó que la propuesta está enfocada en la Macrozona Norte debido a su gran potencial de desarrollo turístico y económico, razón por la cual se considera la cesión de la titularidad del dominio a privados.

“Para quienes quieran desarrollar actividades económicas es un mecanismo que posibilita crear las condiciones necesarias para hacer atractivas y seguras las inversiones en el sector, impulsando así el desarrollo económico regional y crear una mayor cantidad de empleos”, recalcaron.

En ese sentido, agregaron que “para asegurar que aquellos proyectos se lleven a cabo, el proyecto de ley incorpora una prohibición de enajenar para el adquirente, por un período de 10 años, la que se funda en evitar eventuales especulaciones sobre el valor de los terrenos contiguos a la playa”.

El proyecto de ley ahora debe ser analizado por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado.

Imagen: pixabay.com (referencial).